En la región latinoamericana fue a partir de los años treinta del siglo pasado que diferentes mecanismos empezaron a ser implementados y ensayados para establecer la protección de sus territorios, bajo el pa-radigma de los “parques nacionales”. Sin embargo, fue apenas en 1992 – con la aprobación del Conve-nio de Biodiversidad – que los países signatarios se vieron con el compromiso de crear o consolidar sus de sistemas nacionales de áreas protegidas, lo que intensificó los trabajos para el fortalecimiento insti-tucional y legal referentes a estos temas en la región. A partir de la descentralización de poderes, se han intensificado el surgimiento de iniciativas locales de protección, tanto en zonas urbanas como rurales. Sin embargo, los sistemas nacionales de la región tie-nen reducida participación de áreas protegidas ad-ministradas por gobiernos locales. Distintas razones están causando esta situación, desde la existencia de nomenclaturas y categoría que no se adecuan a los sistemas nacionales, límites incorrectos, la pro-pia ausencia de registro por los órganos responsa-bles (muchas veces, debido a la falta de claridad de competencias y/o ausencia de recursos humanos y financieros necesarios) hasta por la falta de mandato para el gobierno local de crear una AP.
Las áreas protegidas y conservadas locales son fun-damentales tanto para el cumplimiento de los ob-jetivos de conservación de los recursos naturales establecidos en las constituciones nacionales, como en los establecidos en los compromisos ambienta-les internacionales. Las razones para la creación de estas áreas son diversas, incluyendo el ordenamien-to territorial municipal, la conservación de espacios importantes, la protección de cuencas y recursos hí-dricos, la detención de la urbanización, el refuerzo del principio de subsidiariedad y la gestión local, el fomento de algunos usos complementarios (turismo), la creación de conciencia ambiental y la participación de la población en los temas medioambientales. Son muchos los atributos que ofrecen estas áreas para para la conservación ambiental de sus regiones y a la consolidación a de sistemas nacionales y subnacio-nales siendo algunos de estos:
Servicios ecosistémicos:la posibilidad de proteger la biodi-versidad que es prioritaria para la población local, principalmente, por medio de áreas protegidas urbanas, aumentando la posibi-lidad de protección de pequeños fragmentos de vegetación nativa;
Conectividad y representatividad: contribuyen en la conectivi-dad de paisajes, como corredores ecológicos (de fauna y flora) entre fragmentos de vegetación nativa (protegidos o no), también contri-buyendo para el incremento de la representatividad (cobertura) en los diferentes biomas/ecosistemas u otras escalas de la biodiversidad;
Composición: complementan en área y/o aumentan la protección de áreas de amortiguamiento (buffer) de áreas protegidas de mayor escala registradas en los sistemas nacionales y en el interior de mosaicos (caso brasileño de UC existentes);
Gobernanza: incrementan el contingente de tipos de actores dedicados a la conservación de la biodiversidad en sus respectivas regiones;
Efectividad de la conservación:por la proximidad de centros urbanos, facilitan (menores costos) la recolección datos más constantes y precisos para las evaluaciones de los efectos al bienestar humano de los servicios ecosistémicos (mayor accesibilidad), cambio climático y efectividad de la conservación la biodiversidad.
El “Guía de los Guías” busca crear, mediante la sistematización de lineamientos base, la capacidad institucional e individual para gestionar, de manera efectiva y sostenible, las áreas protegidas y sus respectivos sistemas, haciendo frente a la gran cantidad de desafíos que existen en la práctica. Su intención es orientar y facilitar la consulta de las directrices existentes por parte de las instituciones internacionalmente reconocidas a través de un buscador inteligente.
Está dirigido a aquellos que buscan conocer y/o utilizar los guías que componen la serie de directrices para buenas prácticas de la CMAP/UICN, interesados en las políticas, sistemas y en la práctica de las áreas protegidas. Este espacio no es solo para los profesionales y estudiantes, sino también para los responsables de la toma de decisiones en los distintos niveles de gobierno, ONG y académicos, agencias internacionales de financiamiento, comunidades locales y pueblos indígenas.