Brasil

En la década de los 30 se dieron los primeros pasos para la elaboración de normas pioneras relacionadas con la gestión de los recursos naturales, tales como el “Código de Aguas” y el “Código Forestal” (renovado en 1965 y luego en 2012). Las áreas protegidas comenzaron a ser establecidas a partir de 1937, no aún con el concepto que entendemos hoy, pero ya una preocupación inicial en preservar el territorio, con la publicación de los conceptos de Bosques Protectores, y las Áreas de Preservación en propiedades privadas y los «parques de refugio y reserva» (considerado en el Código de Caza y Pesca de 1934).

En 1965 se consignó que habría dos tipos diferentes de unidades. Las que permitían explotación de los recursos naturales (Bosques Nacionales, Protectores, Remanentes, Reservas Forestales, Parques de Caza Forestales) y las que no permitían (Parques Nacionales y Reservas Biológicas). En 1967, se creó el Instituto Brasileño para el Desarrollo Forestal que, en 1977, creó el «Refugio de Animales Nativos» y, posteriormente, las «Reservas Particulares de Flora y Fauna».

En 1979, el IBDF inicio el desarrollo del Plan del Sistema de UCs para Brasil (desarrollado en dos etapas, la segunda ese dio a partir de 1982) que culminó con los criterios técnico-científicos para la creación de nuevas UC y su implantación, además de nuevas categorías de manejo.

A inicios de los años 80 fue establecido el marco del derecho ambiental a partir de la “Política Nacional del Medio Ambiente”, que creó el “Sistema Nacional del Medio Ambiente” (SISNAMA) y estableció los principios, las directrices, los instrumentos y atribuciones para los Diversos entes de la Federación que actúan en la política ambiental nacional. En 1988 se publicó la versión más reciente de la Constitución Federal con un capítulo de dedicado al medio ambiente. En 1989 se ha creado el “Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables” (IBAMA). En el mismo año, el instituto elaboró ​​la propuesta del “Sistema Nacional de Unidades de Conservación” (SNUC). El sistema fue instituido diez años después (en 2000), diseñado para ser gestionado por las tres esferas de gobierno.

Con el fin de dar un tratamiento específico y con más prioridad a las UC, en 2007 fue creado el “Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad” (ICMBio), como órgano gestor de las unidades federales. Brasil fue el primer país en firmar la CDB en 1992. En el mismo año, fue creado el Ministerio del Ambiente (sustituyendo a una secretaria). Para la implementación de Programa de trabajo para AP del CDB el gobierno brasileño elaboró el “Plan Nacional de Áreas Protegidas” (PNAP), para reducir la tasa de pérdida de biodiversidad, a través de la consolidación de un sistema integral. El PNAP reconoce como áreas protegidas a las UC, los Territorios Quilombolas (comunidades afrodescendientes) y las Tierras Indígenas. A partir del año 2000, la consulta previa a otros sectores de gobierno ya estados y municipios (en el caso de las UCs ​​federales) se convirtió en una regla tácita.

El Sistema Brasileño de Unidades de Conservación (SNUC) incorpora las unidades municipales y las privadas, permitiendo que los gobiernos locales establecer sistemas locales, complementares al sistema nacional. Sin embargo, hasta el momento, apenas 341 UC municipales están registradas en el “Cadastro” Nacional. A pesar de representar el 14,7% del número total de las áreas registradas en el sistema, estas ocupan apenas un 0,7% del área continental protegida.

El 80% del total del número de áreas municipales hacen parte de apenas un bioma (Mata Atlántica), que ocupa apenas el 13% del territorio brasilero. Estos números evidencian como esa categoría todavía esta subestimada en el sistema y el potencial de la inclusión de nuevas áreas. Referente a la efectividad de gestión, el 77% de esas UC municipales registradas en el sistema nacional no poseen plan de gestión y el 60% no poseen consejo gestor. Esto demuestra que mismo contando con marco legal nacional, los gobiernos locales también se enfrentan al desafío de manejar sus unidades de conservación, y de integrarlas en planes y acciones estratégicos más amplios para la conservación de la biodiversidad, así como, en los planes de desarrollo regional.

Una normativa publicada en 2013 referente a las metas nacionales de biodiversidad para 2020, determina que, además de las Unidades de Conservación, otras categorías de áreas “oficialmente” protegidas como las tierras indígenas (determinadas en el Plan Nacional de Áreas Protegidas” – PNAP, publicado en 2006) y las áreas protegidas presentes en propiedades privadas serán consideradas en la contabilización para el cumplimiento de la Meta 11. Sin embargo, en el país existen muchas áreas de conservación no caracterizadas como protegidas, sobre todo, manejadas por comunidades locales. Muchas todavía están bajo proceso de análisis y reconocimiento por las entidades nacionales responsables.

Actualmente, 719 Tierras indígenas componen la plataforma del Protected Planet y, según la Fundación Palmares, hay más de 2.600 mil comunidades quilombolas ya certificadas en el país. El PNAP no considera otras áreas de comunidades tradicionales (como las áreas de pesca continentales y extractivistas) y áreas de colonización (asentamientos humanos), forestales y extractivistas/sostenibles, que también mantienen sus áreas conservadas, por lo que pueden venir a ser reconocidas como OMEC, caso cumplan todos los criterios establecidos y así lo determine el país. para Otras áreas también poseen esta potencialidad.

Son algunas de estas:

• (i) AP subnacionales no reconocidas en el Sistema Nacional de UC;
• (ii) áreas militares (con disposición de conservación);
• (iii) áreas para la protección de recursos hídricos (con y sin planes de manejo de recursos Hídricos) y;
• (iv) áreas con reconocimientos internacionales (Ramsar, reservas de la Biosfera, sitio del patrimonio de la humanidad). Cabe destacar, desde 2004 el país cuenta con una legislación que asegura el derecho a la autodeterminación de pueblos y comunidades tradicionales.